A pocos días de comenzar su gestión al frente de la cartera de Energía, Lopetegui lanzó un nuevo esquema para la compra de gas por parte de las distribuidoras que ya está generando controversias.

De acuerdo a lo comunicado por el Gobierno, se establecerá un concurso de precios mediante subastas en una plataforma electrónica que "permitirá más transparencia y una mayor competencia entre los productores".

Sin embargo, en el sector coinciden en que el verdadero efecto será un incremento en el precio del gas de boca de pozo. "Puede mejorar el precio del gas por el plazo de los contratos y por el hecho de que sean no interrumpibles", comentaron a LPO desde una de las productoras más importantes que lógicamente no ve con malos ojos esta alza.

Sucede que la modalidad anterior forzaba una baja de precios al no aplicar penalidades a los jugadores que finalmente no podían proveer el fluido al valor que habían ofrecido.

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Al mismo tiempo, subrayan que a diferencia de las licitaciones de Iguacel, a partir de ahora se propondrá un precio promedio que será más alto en los meses de verano -característicos por una menor demanda- y se ubicará algo por debajo de los precios esperados del invierno.

Pero este punto de equilibrio se ubicaría en torno a los 4 dólares el millón de BTU, es decir, mucho más cerca del techo invernal que del piso veraniego.

"La última licitación promedió entre los 2,5 y 2,7 dólares el millón de BTU. Lo que va a terminar sucediendo es una respuesta a la quita de subsidios de la Resolución 46. Las petroleras se van a poner de acuerdo, se van a cartelizar y terminarán ofertando precios más altos", indicó Federico Bernal, director del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).

Es que como informó LPO, las productoras se encuentran muy enojadas respecto al recorte de beneficios fiscales aplicado por el Gobierno y de esta manera, buscarían compensar las pérdidas ocasionadas por un menor subsidio, con un mayor precio de mercado.

El problema se generaría si este incremento afecta la rentabilidad de las distribuidoras que consecuentemente pedirían un aumento por encima del 35% anunciado por Iguacel antes de dejar su cargo.

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No obstante, los especialistas explican que las diferencias no serían tan relevantes y que aún faltan diversos pasos para que la reglamentación de este nuevo sistema demuestre sus consecuencias en el mercado.

Por lo pronto, el Ministerio de Hacienda lanzó una consulta pública para que los interesados puedan realizar comentarios, observaciones y sugerencias a la nueva modalidad hasta el 25 de enero. Una vez superada esta instancia, se espera que el concurso se realice a mediados de febrero y que los productores y comercializadores de gas puedan presentar ofertas de venta para distintos plazos, que van desde tres meses hasta tres años.

Casi paralelamente, se realizarán las correspondientes audiencias públicas para confirmar los aumentos tarifarios, donde las empresas afirman no haber sido consultadas por el Gobierno para determinar el famoso 35%. Por ende, será en el próximo mes cuando teniendo un panorama más claro de los precios a futuro, las distribuidoras indiquen si ese porcentaje es suficiente para el traslado de sus costos.